Una muestra del papel del Estado en la crisis: breve análisis del Decreto-ley del 3 de diciembre de 2010

Publicado en Andalucía Libertaria nº8 (enero 2011)

Laburpena: Estatu (eta admnistrazioak) duen rola argi geratzen da egindako lana aztertzerakoan. Artikulu honetan 2010ko lege baten analisia egiten da, aztertuz honen atzean zer dagoen eta honen ondorioak.

El pasado mes de diciembre se aprobó el Decreto-ley[1] 13/2010, en el que el gobierno central aplica nuevas medidas con el objetivo de favorecer la salida de la crisis económica. Y sus efectos se han sentido nada más aplicarla: ha subido el precio de los hidrocarburos y el del tabaco, además de ser causante (entre otras razones) de la huelga de controladores el mismo día de su aplicación. Circunstancia que ha hecho que pase desapercibida para la opinión pública. Los siguientes párrafos presentan un breve resumen de la misma, situándolo dentro de las líneas generales que ha tomado el Estado a la hora de hacer frente a la crisis.

El Decreto-ley aborda seis cuestiones de actualidad: disminución de la presión fiscal a las empresas, eliminación de la cuota cameral, aumento de los impuestos indirectos, privatización de empresas públicas, impulso de la figura del orientador para el caso de las personas desempleadas e integración de los nuevos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social.

La disminución de la presión fiscal se centra en las pequeñas y medianas empresas (PYME). Lo hace modificando aspectos del Impuesto sobre Sociedades, centrándose en el cambio del plazo en el que pueden acogerse y la cifra de negocios máxima permitida en el régimen especial, lo que conlleva que más PYMES puedan beneficiarse de la medida, pasando a ser el tipo impositivo de un 25% (en vez del 30% de régimen general). Esta medida se presenta como una ayuda a las PYMES, que conforman gran parte del tejido económico y han sido la base de la creación y destrucción de empleo en las últimas dos décadas. La realidad es que la efectividad de esta disminución de impuestos queda muy mermada (según el ejecutivo, sólo se van a poder beneficiar 40.000 empresas, de más de un millón de PYMES que había en 2010). Lo que hace que esta disminución de impuestos sea, por un lado, apenas perceptible por las empresas beneficiarias, y por otro, resulta que gran parte de las PYMES no se van a poder beneficiar de la medida. Lo que sí está claro es la disminución de los ingresos que va a sufrir el Estado debido a esta modificación del Impuesto sobre Sociedades.

El final del pago obligatorio de la cuota por pertenecer a las cámaras de comercio también desaparece, presentándose (otra vez) como una eliminación de cargas económicas para las empresas. Lo que se vende como una medida que libra a las empresas de un gran coste, resulta que apenas va a tener el efecto con el que se está vendiendo la medida adoptada: según el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, un 75% de las PYMES o están exentas, o tiene una cuota inferior a 20 euros al año.

A la vez que se reducen los impuestos a pagar por las empresas (con su correspondiente disminución de ingresos por parte del Estado), aumentan los impuestos indirectos sobre el tabaco y los hidrocarburos. Queda claro cuál es el objetivo de esta medida: aumentar la recaudación por parte del Estado, a expensas de los consumidores. Habría que detallar que este tipo de impuestos son regresivos, a mayor renta o patrimonio, menor porcentaje de impuestos se paga[2]. Por ello, en vez de consumidores deberíamos hablar de clase obrera o clases populares, ya que respecto a sus gastos, este tipo de impuestos supone una proporción mayor. Con esta medida queda claro quién elige el Estado para pagar sus problemas financieros (derivados sobre todo de la caída de ingresos). Se decide optar por la vía fácil de cargar a las clases populares sus problemas de financiación.

La privatización de dos empresas públicas, AENA (gestión aeroportuaria y navegación aérea) y Loterías y Apuestas del Estado (operador y regulador del juego), vienen a seguir un camino ya iniciado en la anterior etapa de gestión del PSOE en el gobierno central. En ambos casos se cita a otros países de Europa como ejemplos a seguir y hace caso a las recomendaciones de la Unión Europea. Lo que se esconde detrás de esta medida se puede resumir en dos objetivos: aumentar los ingresos del Estado en una situación de caída de ingresos y ceder al mercado la posibilidad de hacer negocio en época de “vacas flacas”. Negocio del que antes solo se beneficiaba el Estado, y ahora pasará a manos privadas. En el caso de Loterías y Apuestas del Estado, se estará dejando en manos privadas un beneficio de 3.000 euros anuales[3], a cambio de que el Estado obtenga 9.000 millones (una única vez). Respecto a AENA, detrás están grandes empresas del país, como Ferrovial, Albertis, FCC, ACS y Sacyr Vallehermoso. Todas relacionadas de una manera directa con el sector de la construcción.

Con este Decreto-ley también se pretende impulsar la figura del orientador para el caso de las personas desempleadas, doblando la plantilla. Esta medida está directamente relacionada con la Reforma Laboral de 2010, en la que el Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral toma forma. El objetivo se centra en el reforzamiento de la red de oficinas de empleo, mediante la inclusión de orientadores cuya función es reforzar las tareas de apoyo a la búsqueda de empleo. Esta es la única medida en contra del paro de este Decreto-ley “anti crisis”.

Por último se prevé la integración de los nuevos funcionarios en el Régimen General de la Seguridad Social. El sistema MUFACE[4] (el actual) otorga cada año a más de un millón y medio de funcionarios de la Administración Civil del Estado la posibilidad de elegir entre una asistencia privadas o por la Sanidad pública, siempre con cargo al erario del Estado. Al quedar los nuevos funcionarios dentro de la Seguridad Social, se logra un ahorro por parte del Estado, ya que la sanidad privada supone comparativamente un coste mayor. Medida que lleva años intentando poder aplicar.

Este Decreto-ley con medidas en contra de la crisis es una pequeña muestra de las políticas que se están aplicando para salir de la crisis: reformas estructurales de evidente corte neoliberal. La caída de ingresos por parte del Estado le ha llevado a una situación en la que el capital internacional lo ha amenazado con “rescatar” si no lleva a cabo diversas reformas y concesiones, que gustosamente está aplicando: disminuye la presión fiscal a las empresas y al capital (aunque sea sólo como propaganda, ya que tampoco puede cortar de golpe parte de estos ingresos) mientras aumenta la de los trabajadores, ya ahogados por el paro y por unas condiciones económicas deplorables. Además, finiquita fuentes de ingresos estables (y rentables) mediante la venta de empresas públicas, como ya se hizo con Telefónica, Repsol, Endesa, entre otras empresas. ¿Cómo se puede entender que se vayan a vender dos empresas rentables para el Estado? La cuestión de la necesidad de ingresos es una (y la que más nos recuerdan de manera machacona los medios de comunicación); pero no se puede entender la segunda sin recordar uno de los roles que adapta dentro del sistema capitalista: Facilitar al capital la obtención y aumento de los beneficios. Sería una forma de echar una mano a las grandes empresas de la construcción en el caso de AENA, y de las mafias del juego en el de Loterías y Apuestas del Estado. La Reforma Laboral de 2010 deja en evidencia el papel del Estado en el conflicto capital-trabajo, reduciendo los pocos derechos de los trabajadores a la nada, lo que implica para las empresas tener empleados cuasi-esclavos. Y ahora viene la de las pensiones, en el que seguramente pasará a manos privadas la gestión (completa o parcial) de las mismas.

Las medidas están sirviendo para profundizar aún más la brecha entre trabajo y capital, posicionándose de una manera absolutamente clara a favor de este último. La crisis ha sido la excusa perfecta para que el Estado pudiese demostrar claramente el papel que juega en la economía y en la regulación de la misma: vasallo necesario del sistema capitalista. El Estado se ha dejado en evidencia, y no porque sea de un color determinado, ya que cualquiera de los partidos opositores habrían hecho algo similar. Nada nuevo bajo el sol: el anarcosindicalismo desde su origen ya tenía claro cuál era el papel del Estado. Sólo hace falta que los demás aprendan esta lección.


[1] Disposición de carácter legislativo que, sin ser sometida al parlamento de los diputados, lo promulga el gobierno, en virtud de alguna excepción circunstancial o permanente, previamente determinada. Así el gobierno se ahorra que dura la aprobación de una ley tal cuál. Popularmente se le suele denominar “decretazo”.

[2] Para más información al respecto, se pueden consultar los artículos “Los impuestos (I): promesas electorales”, periódico CNT de Marzo de 2008 y “Los impuestos (y II): situación actual y posicionamiento”, periódico CNT de Abril de 2008.

[4] Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

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Endika Alabort Amundarain -ri buruz

Endika naiz, eta ekonomian lizentziatu naizenetik, ogibide ezberdinak izan ditut, beti hezkuntza eta ekonomia arloen inguruan. Autogestioa/autoeraketa, enpresen berreskurapena, hauetan partehartzea eta alternatiba ekonomikoetan interesaturik, gizarte ekonomian, globalizazioa eta enpresa kooperatibetan aditua naiz.
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